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Policía de Mendoza: Debe ser sancionada como corresponde

Los integrantes de la Inspección General de Seguridad solicitaron en la Legislatura mendocina que se elimine la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad de la provincia, para darle a ese organismo la facultad de aplicar penas. Aseguran que es la única manera de sancionara los policías como corresponde.

Existe un anteproyecto en la Bicameral de Seguridad para reformar la ley 6.722, que reglamenta el funcionamiento de la Policía de Mendoza. Quieren que desde la Legislatura se impulse un mecanismo que permita suprimir la Junta de Disciplina para que sea la Inspección la encargada de instruir y aplicar sanciones en las causas internas contra los efectivos.

La Junta de Disciplina, tal como está planteada, responde -en la práctica- a las decisiones del ministro de turno. Según quién sea el policía afectado, y cuál sea la cercanía con los mandos del Ministerio, un pedido de exoneración puede convertirse en apenas unos días de suspensión.

Ejemplos hay muchos, si no recordemos la denuncia que efectuó días pasados el empresario Alfredo Garre sobre una coima que le solicitó a un empleado suyo, un uniformado para obtener la Licencia de conducir, tambien efectivos de Investigaciones trasladados

En los últimos dos años y medio, se existen 123 denuncias en sede judicial contra policías acusados de llevar adelante “apremios ilegales”. Traducido: se trata de quejas por maltratos, golpes y detenciones irregulares que, en algunos casos, pueden desencadenar en los llamados casos de “gatillo fácil”.

“Estamos trabajando en el proyecto. Queremos buscar la forma de poder dar marcha con esta idea”, aseguró el senador radical Sergio Bruni, presidente de la Bicameral de Seguridad.

La IGS es un órgano netamente político y está representado por los partidos mayoritarios: Leopoldo Orquín (UCR), Félix Pesce (PJ), Gonzalo Barrios (PD) y Jorge Fernández (ConFe). Allí se realizan las actuaciones sumarias contra los efectivos vinculados con hechos delictivos de diferentes características. Sin embargo, advirtieron que las resoluciones que salen de allí sufren un defasaje con las sanciones impuestas por la Junta de Disciplina.

Para Carlos Aranda, el pedido hecho no es una novedad. “Surgió de una idea conjunta. Nosotros ya estábamos al tanto. Y sabíamos de esta necesidad. Esperemos que se pueda reglamentar”, señaló quien, a priori, podría perder poder si esta propuesta se concreta. Porque, como explicó el diputado cobista Luis Petri, “más allá de la composición legal de la Junta de Disciplina, es el ministro de Seguridad quien ordena”.

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