El Gobierno ha decidido intervenir la obra social Osprera, la tercera más grande de Argentina, luego de detectar presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos millonarios. Esta medida ha sido tomada tras la falta de documentación presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud y la creciente preocupación por las deudas de la entidad, que ascienden a $43.000 millones, a pesar de haber recibido $26.000 millones en transferencias del Estado en los últimos cuatro años.
Una fuente cercana al proceso de intervención describió las “enormes irregularidades administrativas” que llevaron a esta decisión. La situación se torna aún más crítica al revelarse que el 90% de los prestadores que Osprera declara como parte de su red aseguraron no tener convenios con la obra social.
Detalles de la Intervención
La resolución 1612/2024 de la Superintendencia de Servicios de Salud designó a una administradora provisoria para Osprera, a la espera de que el Poder Ejecutivo formalice la intervención. En los considerandos de la medida, se cita el artículo 27 inciso 3° de la Ley Nº 23.660, que otorga a la Superintendencia la facultad de proponer la intervención de obras sociales cuando se acrediten “irregularidades o graves deficiencias en su funcionamiento”.
Para el Gobierno, existen “serias dudas” sobre el manejo de los fondos millonarios por parte de Osprera, que cuenta con casi 700.000 afiliados. A pesar de haber absorbido $26.090 millones en fondos estatales, sus deudas prestacionales continúan en aumento, alcanzando los $43.949 millones, como detalla la resolución publicada en el Boletín Oficial.
Un representante gubernamental expresó su sorpresa ante la incapacidad de la entidad para normalizar sus deudas, sugiriendo que la situación es, cuanto menos, sospechosa.
Reacciones y Contexto
Desde la actual gestión de Osprera, que depende del sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), la intervención del Gobierno ha sido catalogada como “un disparate” y se atribuye a “favores políticos”. Según esta versión, la decisión estaría relacionada con un diputado libertario con pasado en la entidad y actualmente enfrentado con la gestión sindical de José Voytenco, líder de Uatre.
Es importante recordar que Osprera ya había sido intervenida por la Justicia en marzo de 2023, luego de una disputa interna que incluyó episodios violentos y culminó con el asesinato del chofer de Pablo Miguel Ansaloni, entonces vicepresidente de la obra social. La intervención judicial, que finalizó en julio de este año, le devolvió el control de la entidad al sindicato, pero la gestión de Ansaloni durante la intervención sigue siendo objeto de controversia.
Desde Osprera rechazan cualquier responsabilidad en la deuda multimillonaria y niegan haber malversado los fondos públicos recibidos. Ansaloni, actualmente diputado por La Libertad Avanza, negó cualquier irregularidad durante su gestión y cualquier vínculo con la actual intervención gubernamental.
Auditorías y Futuro de Osprera
Las auditorías realizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud revelaron que Osprera nunca presentó informes, memorias ni balances en más de un año, lo que originó la decisión de intervenir. La deuda prestacional de la entidad ha crecido significativamente desde septiembre de 2023, cuando ascendía a $26.900 millones, hasta alcanzar los $43.949 millones en marzo de este año.
Una parte de esta deuda, unos $1500 millones, corresponde a prestadores como hospitales públicos descentralizados, lo que añade otra capa de complejidad a la situación financiera de la obra social.
El futuro de Osprera y sus miles de afiliados queda ahora en manos de la nueva administradora provisoria y del Ejecutivo, que deberá decidir si la intervención se convierte en permanente o si la entidad puede retomar su autonomía bajo nuevas condiciones.
4o