El Gobierno nacional oficializó este sábado la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, cuya finalidad será estabilizar el precio del cereal en niveles prebélicos, al mismo tiempo que fijó un nuevo esquema de derechos de exportación para subproductos de la soja para poder financiarlo.
A través de los decretos 131/22 y 132/22 publicados en el Boletín Oficial se dispuso la implementación de estas dos medidas, en el marco de una serie de iniciativas que el Poder Ejecutivo llevará a cabo con la finalidad de combatir la inflación, en especial la referida a alimentos, que en los últimos días mostró fuertes subas por la invasión de Rusia a Ucrania.
«Estamos trabajando para darle a la gallina de huevos de oro de este país, que es el productor, la previsibilidad y la confianza que requiere»
Julián Domínguez
«La nueva coyuntura internacional impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno», destacó la norma que creó dicho Fondo.
En una conferencia de prensa ofrecida este sábado, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, detalló que la flamante herramienta tiene como objetivo «estabilizar el precio del trigo a valores pre bélicos mientras duren las consecuencias del aumento a causa de la guerra y desacoplar el precio argentino de los internacionales», cuyos valores pasaron de 25.000 a 35.000 pesos la tonelada en el mercado local.
En este sentido, marcó que dicha meta busca «tratar de cuidar a los consumidores» y que la medida «no perjudique a los productores argentinos».
La instrumentación y administración correrá por cuenta exclusiva de la Secretaría de Comercio Interior, la cual «constituirá un fondo de fideicomiso al efecto», según se informó.
No obstante, la financiación del mismo se obtendrá a partir de lo recaudado tras la quita del diferencial en los derechos de exportación que tributaban los productos industrializados de soja respecto al poroto.
Así, con la publicación del decreto 131/20, el Poder Ejecutivo suspendió de manera temporal dicho beneficio para la industria, por lo cual tanto la harina como el aceite de soja, los dos principales productos de exportación del complejo sojero argentino, pasarán a tributar dos puntos más hasta alcanzar el 33%, equiparándose con la alícuota que paga el poroto.
Según destacó Domínguez, la quita de este diferencial no afectará al productor ya que el 33% que pasará a pagar la exportación «ya las empresas las descontaban al productor. La captación de este beneficio y promoción de este decreto es solo para las empresas que exportan estos subproductos».
Además de estas dos medidas, el titular de la cartera agropecuaria también anunció la apertura de los registros de exportación de trigo para la campaña venidera, en pos de que los productores y la exportación puedan tomar el alto precio internacional del cereal
Así, el Ministerio decidió posibilitar el registro de 8 millones de toneladas más a las 2 millones ya autorizadas para dicho ciclo.
«Con esta decisión pretendemos lograr el objetivo de darle previsibilidad a los productores para la próxima siembra de trigo y lograr un nuevo récord de producción», indicó Domínguez y concluyó: «Estamos trabajando para darle a la gallina de huevos de oro de este país, que es el productor, la previsibilidad y la confianza que requiere».
Repercusiones
Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) rechazó el incremento en las retenciones ya que consideran que «deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional», y consideró que «toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país».
Además, consideró en un comunicado que la decisión es ilegal ya que «el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral», por lo que «las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho decreto».
