Una situación recurrente en cuanto a delitos en nuestro país tiene que ver con aquellos que se organizan desde dentro de las cárceles. Y esto sucede porque a los internos se les permite tener dentro de los penales teléfonos celulares. Lo paradójico es que hay una ley que prohíbe el uso de estos teléfonos. El autor de esta ley, el ex diputado nacional Luis Petri
“Ese es un tema rarísimo porque hace mucho tiempo que se habla de este tema, es más, este tema ya es ley, y es de mi autoría. En el 2012 se aprobó en la provincia de Mendoza para que en las cárceles se colocaran inhibidores de señal que impidieran el uso de los celulares y así quedó plasmado en esa ley, que se conoció como Ley Petri. Posteriormente, en 2017 presenté el proyecto a nivel nacional, en donde entre otras cosas se disponía la prohibición de las salidas transitorias y la libertad condicional para delincuentes violentos o para aquellos que hubiesen asesinado, violado, o cometido secuestros, por ejemplo. En esa ley también se modificó lo relacionado a las comunicaciones y se prohibió el uso de celulares en las cárceles. Para hacer efectiva la prohibición se estableció que se tenían que colocar inhibidores de señal dentro de los establecimientos penitenciarios. La ley se aprobó, sin embargo, falta voluntad política para aplicarla. Acá no hay un problema de ley, sino que las autoridades penitenciarias se niegan a cumplirla” expresó.
Consultamos a Petri el porqué de la negación, a lo que nos respondió que “en el caso de Mendoza porque a algún juez se le ocurrió durante la pandemia que debía excepcionarse la ley y garantizarse las comunicaciones por celular de las personas privadas de la libertad. Pero esto no debió ocurrir porque al presidiario no se le prohíbe la comunicación con su familiar, su abogado o con un algún miembro de su credo religioso, pero si por medio del celular. Cuando no había celulares las comunicaciones de los internos se hacían por intermedio de un teléfono público o través del régimen de visitas que los establecimientos carcelarios establecen. Claramente, los teléfonos celulares en manos de algunas personas privadas de la libertad siguen siendo un arma no solo para estafas o secuestros virtuales, que siguen ocurriendo, sino también porque muchas veces sucede que organizan y planifican delitos dentro de las cárceles, que luego se ejecutan fuera ellas”.
Petri completó manifestando que “no hay razones ni en la provincia de Mendoza ni a nivel país para que se permita el uso del celular porque la ley es clara. Pero sucede que a veces nos encontramos con jueces que se afirman en las doctrinas de Zaffaroni, y no les gusta la ley y por lo tanto no la aplican, pero claramente esta es una ley vigente que tienen que ser aplicada con toda rigurosidad y los jueces no se pueden apartar livianamente de una ley por una cuestión de gusto. La ley es perfectamente constitucional y se debe cumplir” sentenció Luis Petri al cierre de la entrevista.