Jaime Alba presentó problemas psiquiátricos el mismo día que el juez federal Walter Bento era suspendido del cargo. Un informe forense confirmó que no se encuentra en condiciones para estar en el penal a pocos días del inicio del juicio y le otorgaron el beneficio.
Separar al juez federal Walter Bento del Juzgado Federal Nº1 el 31 de mayo tuvo sus consecuencias en algunos de los procesados de la megacausa por hechos de corrupción que se inició en el 2020 y está a punto de llegar a juicio a fines de este mes.
Ese mismo día, uno de los dos abogados que permanecía encerrado con prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta manifestó intenciones suicidas y luego inició una huelga de hambre cuando las autoridades del Servicio Penitenciario le notificaron que existía la alternativa de trasladarlo al penal de Ezeiza, donde hay un pabellón exclusivo para el tratamiento de internos con problemas psiquiátricos.
Todo este combo permitió que Jaime Alba, quien se encontraba en la penitenciaría lujanina desde hace más de dos años, lograra hace pocos días el beneficio de la detención domiciliaria.
El tribunal compuesto por las camaristas Carolina Pereira, Gretel Diamante y Eliana Rattá otorgó el arresto en su vivienda cuando un informe confeccionado por los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la provincia confirmó que el letrado presentaba conflictos psicológicos profundos con ideas de suicidio.
La información judicial agrega que, de esta forma, sólo tres de los treinta procesados del llamado Bentogate que se sentarán en el banquillo a partir del 26 de este mes se encuentran privados de la libertad en una cárcel: se trata del abogado Luciano Ortego, el comisario de la Policía de Mendoza Gabriel Moschetti y el narco Walter Bardinella Donoso, considerados integrantes o partes fundamentales de la asociación ilícita que, presuntamente, lideraba el juez y estaba directamente relacionada con beneficios que recibían algunos detenidos a cambio del pago de coimas en dólares.
Últimos pasos
La reconstrucción que realizó este diario señala que Alba estuvo presente en la audiencia preliminar del juicio el pasado 15 de mayo junto con su amigo y también procesado con prisión preventivam Luciano Ortego.
En ese momento, Bento continuaba en funciones porque el Consejo de la Magistratura no expedía. Ambos participaron de ese encuentro en la sala del primer piso de los Tribunales de calles España y Pedro Molina porque están procesados como organizadores del citado delito y por cohecho activo en tres y seis hechos, respectivamente, y se autodefienden.
Lo cierto es que, quince días después, el mismo día que el cuestionado magistrado era suspendido por el Consejo de la Magistratura, Alba evidenció intenciones suicidas. Hubo un reclamo ante las autoridades del Servicio Penitenciario federal y la respuesta fue un traslado al citado penal de la provincia de Buenos Aires.
La reacción inmediata de Alba fue iniciar una huelga de hambre en su celda. Buscaba que no lo llevaran a Ezeiza y esto agravó su situación mental. Desde ese momento, detallaron fuentes consultadas por El Sol, “continuaron las intenciones suicidas”.
A raíz de esto y ante una presentación ante el Tribunal del juicio, las juezas corrieron vista al Ministerio Público para conocer su opinión. La respuesta del fiscal general Dante Vega fue un pedido para que el Cuerpo Médico Forense de Mendoza evaluara las condiciones psicológicas en las que se encontraba el procesado.
A los pocos días y luego de una entrevista, los profesionales de la salud mental informaron a las juezas, palabras más palabras menos, que Alba no se encontraba bien y que podría profundizarse su cuadro si continuaba en el penal.
A raíz de esto y sin la oposición de la fiscalía al dictamen forense, las juezas hicieron lugar al pedido de detención domiciliaria.
Últimos días
Fuentes judiciales consultadas del caso señalaron que está todo listo para el inicio del debate en los Tribunales federales. De no mediar circunstancias extraordinarias, los 30 acusados, entre los que se encuentran el juez, su familia, abogados, policías, contrabandistas y hasta un narco, se sentarán en el banquillo el 26 de este mes, después de la feria judicial.
Lo único que están esperando las autoridades judiciales es saber si Walter Bento designa un nuevo abogado luego de la renuncia del mediático Mariano Cúneo Libarona. Por el momento, se encuentra representado por Gustavo Gazali pero otro nombramiento podría modificar lo estipulado por el Tribunal federal.
Esto porque un representante legal que recién se incorpora en la causa podría solicitar más días para profundizar en el estudio de las miles de fojas que tiene el expediente, más cuando Gazali dejó trascender que no está en condiciones de enfrentar el proceso en soledad.