La fiscal Mónica Fernández Poblet pidió que el humorista quede detenido en un penal. También solicitó la prisión preventiva para la otra imputada de la causa, Sandra Astudillo. El juez Federico Martínez pasó a un cuarto intermedio y resolverá el viernes.
Una audiencia clave por la causa que investiga por violencia de género y abusos sexuales a Juan Antonio Cacho Garay se desarrolló la mañana de este miércoles en el Polo Judicial.
La sesión tenía como objetivo tratar los pedidos de revocación de la detención domiciliaria del humorista mendocino y de prisión preventiva para la ex empleada de la Legislatura provincial Sandra Astudillo Stafollani, formulados por la fiscal Mónica Fernández Poblet.
Luego de que el juez Federico Martínez escuchó los argumentos de la representante del Ministerio Público, los defensores de ambos acusados y la querella, decidió pasar a un cuarto intermedio.
Así, se programará una nueva audiencia para el viernes 7, en la que el magistrado, después de analizar las pruebas, tomará una decisión con respecto a los dos imputados.
A la salida de la audiencia, Fernández Poblet confirmó que solicitó que Garay y Astudillo cumplan prisión preventiva en la cárcel. “La pena que arriesgan es muy alta, de 8 a 20 años, con lo cual la expectativa de que se puedan fugar es muy alta”, agregó.
Asimismo, la fiscal anunció que el juez Martínez “se tomó cuarto intermedio para evaluar los planteos de la querella y defensa. Es una causa que tiene mucha prueba. En principio la resolución es el día viernes”.
Durante la audiencia, los abogados de la denunciante, Verónica Macías Bracamonte, solicitaron un embargo de cinco millones de pesos tanto para Garay como para Astudillo. La fiscalía adhirió a ese pedido.
El caso
Garay se encuentra sumamente complicado en la causa y en los últimos días sumó nuevas acusaciones en su contra, luego de una nueva ampliación de la denuncia que realizó el pasado jueves Macías, su ex pareja.
El humorista está imputado por amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a la que se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia a una orden judicial, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.
Por su parte, Astudillo, quien pasó el último viernes al penal por decisión de Fernández Poblet, está acusada por abuso sexual doblemente agravado por ser gravemente ultrajante y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género.
El caso que tiene en el centro de las sospechas al comediante mendocino que saltó a la fama allá por el año 2000 al ganar el Campeonato Nacional del Chiste del popular show televisivo Videomatch, tuvo su inicio en abril después de que Macías se presentó ante la Justicia y lo denunció por amenazas con armas de fuego.
Con el paso de los días, la mujer amplió la denuncia a través de diferentes presentaciones y ofreció detalles de las fiestas sexuales que eran organizadas por Garay y a las que era obligada a participar junto con otras personas, como la mujer que trabajaba en la Legislatura y algunas del mundo de la farándula, tal como surge del expediente.
De acuerdo con los dichos que plasmó la denunciante en la causa, esos encuentros carnales eran filmados y en ocasiones fue forzada a tomar ansiolíticos y hasta increpada a punta de escopeta para mantener bajo secreto los hechos. Debido a esto, denunció que era abusada sexualmente, entre otros vejámenes.