Este martes marcó el inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, y con ello, el Gobierno liderado por Javier Milei oficializó una medida drástica que impacta en el ámbito laboral del sector público. A través del Decreto 84/2023, se formalizó la decisión de no renovar 7.000 contratos de trabajadores estatales que fueron firmados en el año 2023.

La norma, que entró en vigencia de inmediato, establece que las contrataciones «iniciadas a partir del 1° de enero de 2023» y que «concluyan al 31 de diciembre de 2023», no serán objeto de renovación. Este movimiento genera incertidumbre y preocupación entre los afectados, así como en el sector público en general.
El decreto establece algunas excepciones a esta regla. En primer lugar, se contemplan las contrataciones «derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales». También se excluye al «personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación». Además, se permitirá la continuidad de aquel «personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento».
No obstante, para las contrataciones realizadas antes del 1° de enero de 2023, se establece una limitación adicional: «no podrán ser renovadas por un período mayor a 90 días corridos». Este período de evaluación más corto añade una capa adicional de incertidumbre para aquellos trabajadores cuyos contratos se extienden más allá del plazo inicialmente establecido.
El decreto también instruye a realizar un «relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023». Este relevamiento tiene como objetivo «evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente». En el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundamentar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación.
En resumen, la oficialización de la baja de 7.000 contratos de trabajadores estatales por parte del Gobierno marca un cambio significativo en la dinámica laboral del sector público, generando debate y preocupación a la «casta» y a los «ñoquis» principalmente.