En medio de la creciente preocupación por la violencia delictiva en la ciudad de Rosario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un nuevo reglamento para las fuerzas policiales y de seguridad, desatando un intenso debate sobre los límites del uso de la fuerza estatal. Esta normativa, oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 125/2024, permite a los efectivos emplear armas de fuego sin identificarse previamente como personal de seguridad, bajo ciertas circunstancias específicas.
El protocolo, que ha generado controversia desde su anuncio, establece cinco situaciones en las que los agentes estarán habilitados para disparar sin dar la voz de alto, priorizando la protección de sus vidas y la de terceros. Entre estas situaciones se incluyen casos donde la identificación pueda poner en peligro la integridad física de los agentes o de otras personas, así como en situaciones tácticas donde la identificación resulte inadecuada o inútil.
La medida, según Bullrich, busca proporcionar un marco claro para el uso del armamento por parte de las fuerzas de seguridad en situaciones de peligro inminente. “Este reglamento plantea de manera imperativa contar con pautas claras para el uso del armamento por parte de las fuerzas y esto se da cuando existe un peligro inminente”, expresó la ministra en su visita a la ciudad santafesina. Sin embargo, también destacó que el principio de progresividad se aplica, enfatizando que se utilizarán otros medios no violentos siempre que sea posible.
En consonancia con esta medida, Bullrich anunció la adquisición de armas no letales, incluyendo Taser y Byrna, un arma de fabricación nacional. Según sus declaraciones, estas armas serán implementadas en lugares estratégicos como aeropuertos y estaciones de trenes, buscando así diversificar los métodos de intervención de las fuerzas de seguridad.
Dentro de la resolución publicada en el Boletín Oficial, se destaca la necesidad de un reglamento que garantice la seguridad tanto de la comunidad como de los efectivos de seguridad. Se especifica que el uso de armas estará permitido únicamente cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de las tareas de los agentes.
Además, se enfatiza que, en caso de que un oficial actúe conforme al protocolo establecido y no exista una resolución judicial firme que contradiga su accionar, no podrá ser sancionado. Se hace hincapié en la obligación de brindar asistencia médica a las personas afectadas por el uso de la fuerza y en la notificación inmediata de los hechos a la autoridad judicial competente, así como a las familias de los implicados.
En un contexto donde la violencia delictiva desafía constantemente a las autoridades, queda por verse cómo se aplicará este nuevo marco normativo y cuáles serán sus repercusiones a largo plazo en la sociedad argentina.