La salida en medio de denuncias del secretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre no es un despido más entre casi el medio centenar que se cuentan en la administración de Javier Milei desde su asunción. La “renuncia” sirvió para encontrar a un responsable por los alimentos estacionados en depósitos del Estado, pero también resquebrajó el flamante bloque que LLA había creado en la Legislatura bonaerense con aliados.
Desde los Estados Unidos, donde se encuentra en una gira con empresarios del sector tecnológico, Javier Milei respaldó a Sandra Pettovello. “Es la mejor ministra en el área social sin lugar a dudas desde el regreso de la democracia”, señaló al retuitear un cuadro comparativo que muestra que el aumento de la AUH en términos reales alcanzó al valor de 2019.
En el ministerio de Capital Humano, sin embargo, hay quienes dicen que la amiga del Presidente “acaba de pegarse un tiro en el pie”. En la Cartera que absorbió Trabajo, Desarrollo Social, Educación y Cultura afirman que hay funcionarios de su círculo íntimo que, con su venia, también cobraban contrato
Esos convenios muchas veces se utilizan en el Estado para pagar sueldos a funcionarios cuyos nombramientos no fueron oficializados que van desde $600 mil a $1.300.000, pero también para hacer “caja” y política.
El equipo legal del ministerio denunció ante la Oficina Anticorrupción a De la Torre y a otros 5 funcionarios luego de que Federico Fernández -un funcionario de tercera línea que supuestamente reportaba al ex funcionario- revelara que cobraba 18 contratos de ese organismo. Sostienen que el equipo de De la Torre administraba en total 123 contratos de la O.E.I. Ahora, el Ministerio hará una presentación en “espejo” con ese expediente ante la OA para presentarlo ante la Justicia Penal. La intención es determinar si se cometieron delitos en la contratación de funcionarios de ese ministerio a través de ese convenio.
El ministerio de Capital Humano responsabilizó a De la Torre por los alimentos comprados por la administración de Alberto Fernández que nunca se repartieron y quedaron guardados en los depósitos de Villa Martelli (Vicente López) y Tafí Viejo (Tucumán), luego de que el juez Sebastián Casanello ordenará que los repartieran de manera inmediata. Los detractores de la ministra dicen que ella se paró arriba de los alimentos para negociar con las organizaciones sociales.