El fiscal federal Gerardo Pollicita ha solicitado la indagatoria de Emilio Pérsico, exsecretario de Economía Social, acusándolo de complicidad con el Polo Obrero en un esquema de desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo. La acusación surge en el marco de una investigación que busca esclarecer una supuesta “matriz de corrupción” que operó entre marzo de 2020 y diciembre de 2023.
Según la fiscalía, Pérsico y otros funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social actuaron en coordinación con dirigentes del Polo Obrero, desviando millones de pesos destinados a la ayuda social. Pollicita afirmó: “La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social… sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción”.
El juez federal Sebastián Casanello ha procesado a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por “administración infiel en relación al Plan Potenciar” al encontrar pruebas suficientes de que desvió fondos del programa. La investigación reveló que se asignaron fondos públicos sin la debida documentación y sin conocer los proyectos específicos en los que se invertiría el dinero.
Pollicita detalló que el Polo Obrero recibió un total de $361.087.500, de los cuales al menos $219.955.153,73 no fueron devueltos ni rendidos al Estado Nacional. El fiscal criticó que estas omisiones no motivaron ninguna intimación por parte del ex Ministerio de Desarrollo Social, evidenciando un desinterés en el destino de los fondos. Las intimaciones fueron realizadas recientemente por las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano.
Además de Pérsico, también serán llamados a indagatoria otros exfuncionarios, incluyendo a Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. Asimismo, volverán a declarar Belliboni y varios de sus colaboradores.
Esta causa pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y control en la administración de fondos públicos destinados a programas sociales, subrayando la importancia de rendir cuentas y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.