Este lunes, el Gobierno oficializó la desregulación del transporte automotor de pasajeros de larga y media distancia mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida permitirá a las empresas establecer libremente recorridos, horarios, frecuencias y precios, sin necesidad de cumplir con regulaciones previas que habían estado vigentes por más de 30 años. Este cambio busca modernizar y adaptar el sector a las dinámicas actuales del transporte.
El decreto establece la creación de un Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, al que las nuevas empresas podrán inscribirse de manera gratuita y online. Una vez registradas, obtendrán la habilitación automática para operar en un plazo de cinco días, aplicando la metodología de “Silencio Positivo” para agilizar los trámites.
Aunque se flexibilizan varios aspectos, las exigencias de seguridad siguen siendo las mismas, como lo destacó la Secretaría de Transporte, autoridad responsable de la implementación de esta normativa. Las empresas deberán informar sobre la capacidad de sus vehículos, la cantidad de asientos, seguros contratados, nómina de conductores y licencias correspondientes, entre otros datos.
Una de las novedades más significativas es que las nuevas empresas podrán ofrecer servicios e ingresar en aeropuertos y puertos de todo el país, lo cual estaba restringido hasta ahora. Esta posibilidad, según fuentes del sector, aumentará la competencia, pero también genera preocupación sobre el impacto en rutas de menor demanda.
Con esta medida, desaparecen las obligaciones para las empresas en cuanto a frecuencias mínimas o tarifas máximas que antes regulaba el Estado. Los operadores podrán determinar su oferta en función de la demanda, lo que podría generar un aumento en la cantidad de servicios en rutas más rentables, pero deja interrogantes sobre el futuro de las rutas menos concurridas, que antes eran cubiertas por obligación.
Por otro lado, la desregulación elimina los precios máximos fijados por el Estado, lo que podría llevar a una mayor competencia entre empresas. Sin embargo, algunos actores del sector advierten que esta competencia podría precarizar los servicios, al permitir que pequeños operadores, sin grandes estructuras ni personal capacitado, puedan competir con empresas consolidadas.
La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) ya manifestó su preocupación, subrayando que cualquier apertura en el mercado debe ser gradual para evitar saturaciones que pongan en riesgo la viabilidad de los actuales operadores. Además, solicitaron exenciones fiscales y la eliminación de costos adicionales para garantizar una transición ordenada.
Este decreto representa un cambio profundo en el sistema de transporte, que hasta ahora operaba bajo un esquema mixto, con una parte regulada y otra sujeta a un sistema de tráfico libre. A partir de esta normativa, cualquier empresa que cumpla con los requisitos podrá operar en cualquier tramo sin necesidad de permisos específicos.
La implementación de las nuevas reglas comenzará en 60 días, cuando se completen las actualizaciones tecnológicas necesarias para que el sistema funcione en su totalidad.