Miércoles, 4 de diciembre de 2024 – General Alvear
Luego de más de ocho meses de una exhaustiva investigación en el ámbito municipal, se habría desentrañado un esquema de corrupción y conflicto de intereses que no solo pondría en jaque la credibilidad del concejal Néstor Fabián Ortega, sino también evidenciaría la vulnerabilidad del Estado municipal frente a estas prácticas. Ortega, quien ocupó cargos de relevancia en la gestión del exintendente Walther Marcolini, estaría involucrado en maniobras que habrían beneficiado directamente a su negocio familiar mientras ocupaba la Dirección de Turismo.
Facturación paralela y negocio familiar
Según los hallazgos, Ortega habría mantenido activo su CUIT personal (20-31865496-5) para ventas privadas desde su negocio de licores, mientras registraba un monotributo a nombre de su madre, María Elena Matellanes, con la dirección familiar como domicilio fiscal. Este esquema permitió que las ventas al municipio se realizaran bajo el nombre de su madre, mientras que las operaciones privadas continuaban bajo su propia identificación fiscal. Este proceder configuraría un claro conflicto de intereses y una violación a la transparencia.
El rastro de las facturas correlativas
Las facturas emitidas por el monotributo de Matellanes evidenciarían la falta de otros clientes. La primera factura, con descripción “Vinos para regalar a la corte vendimial”, coincide con la primera orden de compra del municipio, sugiriendo que el negocio fue creado exclusivamente para operar con la comuna. Este patrón continuaría con compras recurrentes, como “aguas saborizadas” en 2020 y obsequios para el SARR Rally Raid en 2022. Las rendiciones de cuentas, firmadas y selladas por Ortega como funcionario, refuerzan la hipótesis de que él mismo gestionaba las compras y entregaba los productos desde su negocio familiar.
Críticas y denuncias del ámbito local
Comerciantes de General Alvear habrían expresado su descontento ante la situación, subrayando la incoherencia de Ortega al promover el “Compre Local” mientras realizaba compras en bodegas de San Rafael y otros proveedores externos. Este doble estándar habría minado la confianza de sus pares y de la comunidad.
Las posibles imputaciones legales
Las maniobras atribuidas a Ortega configurarían varios delitos:
- Negociaciones Incompatibles con la Función Pública (Art. 265 del Código Penal): Por gestionar compras que beneficiarían directamente a su comercio familiar.
- Peculado (Art. 261): Por el presunto uso indebido de fondos públicos.
- Tráfico de Influencias (Art. 256 bis): Por usar su posición para obtener beneficios económicos.
- Violación a la Ley de Ética Pública Provincial (Ley Nº 8993): Por no abstenerse en decisiones administrativas con interés personal.
- Fraude Administrativo: Por la utilización de dos CUITs y la creación de un negocio con fines exclusivos de operar con el municipio.
El futuro de Ortega
Actualmente, Ortega ocupa una banca en el Concejo Deliberante, desde donde lanza denuncias constantes, muchas veces sin aportar pruebas contundentes. Este comportamiento, calificado por sus detractores como oportunista, pone en duda su legitimidad como fiscalizador de la gestión pública.
Desde la Municipalidad de General Alvear, las autoridades manifestaron su sorpresa ante los hechos denunciados. Aunque Ortega no pertenece a la gestión actual, expresaron su disposición para colaborar con la justicia y proporcionar información relevante.
Conclusión: El caso Ortega podría convertirse en un hito judicial y político para General Alvear, sentando un precedente sobre la importancia de la ética y la transparencia en la administración pública.