En un esfuerzo por combatir los accidentes de tránsito provocados por el consumo de alcohol, el Gobierno ha anunciado un endurecimiento significativo en las multas aplicadas a conductores ebrios. La medida busca generar un impacto preventivo y establecer una postura de tolerancia cero ante este tipo de infracciones.
A partir de la nueva normativa, los conductores que sean encontrados conduciendo bajo los efectos del alcohol, ya sea en controles policiales o como responsables de accidentes de tránsito, enfrentarán sanciones económicas de hasta varios millones de pesos.
Detalles de las multas
Las multas serán categorizadas según el nivel de alcohol en sangre detectado en el conductor:
- Alcohol en sangre de hasta 0.99 gramos por litro:
- Multa mínima: $1.260.000, equivalentes a 3.000 UF.
- Multa máxima: $2.520.000, equivalentes a 6.000 UF.
- Alcohol en sangre superior a 1 gramo por litro:
- Multa mínima: $1.680.000, equivalentes a 4.000 UF.
- Multa máxima: $4.620.000, equivalentes a 11.000 UF.
En ambos casos, las sanciones carecen del beneficio de pago con descuento, un recurso que antes estaba disponible para reducir los costos de las multas mediante pagos anticipados.
Impacto en la seguridad vial
Con esta decisión, el Gobierno pretende no solo sancionar a los infractores, sino también desalentar el consumo de alcohol antes de conducir, un factor que sigue siendo una de las principales causas de accidentes fatales en el país. La eliminación de los descuentos busca dar un mensaje claro: no habrá indulgencia para quienes pongan en riesgo sus vidas y las de terceros.
Repercusiones sociales y económicas
La medida ha generado opiniones divididas. Por un lado, asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito han celebrado la iniciativa, calificándola como un paso necesario para reducir las tragedias en las rutas. Por otro lado, algunos sectores han cuestionado los montos elevados de las multas, argumentando que podrían resultar excesivamente gravosos para ciertos infractores.
Un mensaje contundente
El endurecimiento de las multas refleja un cambio de paradigma en las políticas de tránsito, priorizando la seguridad por sobre cualquier consideración económica o administrativa. El mensaje es claro: quien decida beber y conducir deberá asumir las consecuencias legales y económicas, en un contexto donde ya no hay lugar para la imprudencia al volante.
Esta nueva normativa se enmarca dentro de un paquete de medidas más amplio que el Gobierno anunciará en las próximas semanas, orientado a reforzar la seguridad vial en todo el país.