La Justicia levantó la clausura contra La Salada y dos predios reabrieron sus puertas este lunes 16 de junio. El cierre se había impuesto por una orden judicial que incluyó la detención de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, acusado de evasión fiscal, lavado de dinero, contrabando y asociación ilícita.
El juez federal Luis Armella ordenó el sábado levantar la clausura de la ferie ubicada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora tras varios días de protestas, reclamos y pedidos por parte de los comerciantes.
Los requisitos para los comerciantes de La Salada
La Justicia impuso una serie de requisitos estrictos para el normal funcionamiento de los mencionados predios. La resolución judicial alcanza a los tres espacios centrales del predio ferial: Punta Mogote, Urkupiña y Cooperativa Ocean.
Entre los requisitos impuestos por el magistrado se destacan la registración formal de todos los trabajadores, la prohibición categórica de comercializar productos apócrifos y la obligación de operar mediante mecanismos bancarizados, sin uso de efectivo.
También se ordenó individualizar a cada puestero, presentar un contrato de locación por cada espacio y entregar un reporte contable todos los meses tanto al Juzgado como al Ministerio Público Fiscal.
A partir de ahora, los titulares de los puestos deben contar con:
- Constancia impresa de su suscripción ante el ARCA
- Cada persona que se encuentre vendiendo en el puesto deberá estar inscripta en los organismos correspondientes
- Se deberá emitir el comprobante de venta.
En el caso de tratarse de un inquilino del puesto, además de la documentación detallada anteriormente, deberá presentar copia de:
- Contrato de alquiler
- Constancia de procedencia de la mercadería expuesta a la venta
- Emisión de comprobantes de venta
Las autoridades de control territorial conocen la nueva orden judicial y los comerciantes o individuos que transporten mercadería desde el predio hacia sus comercios, incluidos aquellos que viajan al interior del País, pueden ser controlados para justificar la legalidad de la compra o se arriesgan a que sea decomisada.