Un insólito y preocupante episodio salió a la luz en el municipio de Malargüe, al mando del intendente Celso Jaque, luego de que se difundiera en redes sociales una denuncia que involucra a personal contratado del área de Gestión Ambiental y a su directora, Amalia Ramíres, una funcionaria de confianza del jefe comunal.
Según la denuncia, 17 trabajadores municipales contratados bajo la figura de “locación de servicios” , una modalidad precaria y habitual en las administraciones municipales que permite ampliar la planta sin incorporaciones formales, fueron obligados a cubrir el costo de un banner extraviado, mediante transferencias directas a la cuenta personal de la funcionaria.
El episodio habría ocurrido tras la pérdida de una lona perteneciente a la Cubierta Sanitaria, y la orden fue comunicada por escrito a los empleados. El documento, que también trascendió públicamente, notificaba que “deberán hacerse cargo del valor del mismo de forma obligatoria, de lo contrario serán plausibles de sanción”. El cartel perdido, según el aviso, tenía un valor estimado de 38.000 pesos, por lo que se instruyó a cada agente a depositar 2.235 pesos en la cuenta identificada con el alias amaliaramires, y enviar el comprobante a un número de WhatsApp.
Lo llamativo del caso no solo es la inusual exigencia a los trabajadores, quienes no tienen responsabilidad patrimonial sobre bienes públicos, sino también el canal informal del procedimiento, el uso de una cuenta personal para depositar fondos relacionados con recursos municipales y la falta de una resolución administrativa clara.
La acción además se da en un marco económico desigual: los afectados perciben generalmente salarios por debajo de los 350.000 pesos. De momento, no hay información oficial sobre si el hecho fue denunciado internamente ni si los fondos recolectados fueron ingresados formalmente a las arcas del Estado municipal.
Tampoco se conoce si el municipio inició algún sumario administrativo ni si intervino algún área encargada de la correcta administración de fondos. En paralelo, se suman críticas por la opacidad del manejo de los contratos de locación, que en Malargüe funcionan como una herramienta discrecional y de alta precarización laboral.
El intendente Celso Jaque, exgobernador de Mendoza, no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho, mientras la denuncia sigue circulando en redes sociales, acompañada de capturas con datos sensibles tanto de la directora como de las personas afectadas.
Fuente: Minutoya.com