El Gobierno, a través del decreto 446/2025, dio un paso más en la desregulación del sector del Gas Licuado de Petróleo (GLP) al avanzar con la eliminación de los precios de referencia, de las autorizaciones previas para exportar y la simplificación de la incorporación de nuevas empresas para tener un mercado de garrafas más competitivo y con mayor participación privada.
La norma, explicó, significa una reforma integral de la Ley 26.020 de 2005, que había generado un esquema de fuerte intervención estatal a lo largo de toda la cadena de valor generando -describen- “sobrerregulación, duplicación de funciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos que impactaban negativamente en los precios al consumidor”.
La Autoridad de Aplicación verificará la veracidad y el cumplimiento de esa documentación e indicará las subsanaciones que correspondan dentro de un plazo de diez días hábiles desde su presentación. “Transcurrido ese período sin observaciones, se considerará aprobada, otorgándose al silencio sentido positivo”, explicaron.
A su vez, la Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación, podrá delegar o coordinar tareas de fiscalización técnica y control con otros organismos públicos o privados, y suscribir convenios específicos con provincias, lo que permitirá fortalecer las capacidades operativas del Estado y asegurar una cobertura territorial más amplia y eficiente en materia de seguridad operacional.
Por otro lado, se le da libertad a los fraccionadores para que, sin intervención del Estado, establezcan el mejor mecanismo para el canje de envases, indispensable para asegurar que los recipientes circulen en condiciones técnicas adecuadas, y que además puedan ser reutilizados conforme a las normas de seguridad.