El Ministerio Público Fiscal de la Nación dictaminó que no corresponde a la Justicia federal intervenir en la denuncia presentada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por el convenio firmado entre el Ejecutivo provincial y la Dirección Nacional de Vialidad.
Según la resolución, los hechos denunciados -que apuntaban a una presunta malversación de fondos públicos y otras posibles irregularidades- deben ser evaluados por la Justicia provincial. El dictamen sostiene que no hay elementos que indiquen una afectación al patrimonio del Estado nacional ni a funcionarios federales implicados en delitos en el ejercicio de sus funciones.
La controversia gira en torno a un acuerdo rubricado el pasado 14 de mayo entre el Gobierno de Mendoza y Vialidad Nacional, que fue aprobado luego por la Legislatura mediante la Ley provincial 9640. En el documento, la Provincia se compromete a ejecutar, conservar y mantener rutas nacionales con recursos propios, algo que desde el oficialismo provincial se presenta como un avance en la autonomía de gestión de las obras públicas.
Sin embargo, desde el kirchnerismo lo interpretaron como una transferencia indebida de responsabilidades que son competencia de la Nación, lo cual -según la denuncia- podría constituir una administración infiel o malversación de caudales públicos. “Estamos ante un convenio que compromete fondos provinciales para cubrir obligaciones de Nación”, había señalado Fernández Sagasti al momento de presentar la denuncia ante el fuero federal. Sin embargo en su momento el propio Cornejo había cuestionado esta denuncia señalando que se trataba de un acto desesperado del peronismo.
La fiscal federal Patricia Santoni fue tajante en su evaluación: descartó cualquier perjuicio a las arcas nacionales y remarcó que la Justicia federal solo debe intervenir en casos expresamente contemplados por la Constitución, como aquellos que involucran al Estado nacional o afectan sus intereses directos.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal resolvió remitir el expediente a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Poder Judicial de Mendoza, que deberá ahora decidir si da curso o no a la investigación en sede provincial.