La Justicia Federal de Mendoza resolvió este miércoles imputar a David Litvinchuk, titular de la delegación local del PAMI, y al director nacional, Esteban Leguizamo (quien participó de forma remota en la audiencia) por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, en el marco de una investigación vinculada a la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados. La audiencia culminó pasadas las 14:30 hs y Litvinchuk se retiró escoltado por la Policía Federal.
La decisión fue adoptada por la jueza federal María Paula Marisi durante una audiencia realizada en los Tribunales Federales de avenida España, en Ciudad. Según la magistrada, el accionar del funcionario provincial encuadra dentro de una violación al artículo 239 del Código Penal, que establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes desobedezcan a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.
Litvinchuk es foco de críticas severas desde su asunción en PAMI, donde trabaja bajo la jefatura política de Facundo Correa Llano (LLA), y donde desarrolló desde su asunción un sistema de achicamiento sistemático a pesar de los reclamos por los efectos negativos de la obra social. Para ejecutar esto y a sabiendas de los efectos ha negado entrevistas e incluso citaciones a la Legislatura de Mendoza.
El sistemático sistema de ataque a los jubilados derivó finalmente en una imputación federal y una deuda de alrededor de 70 millones en multas a la obra social.
El caso se originó tras una denuncia presentada por la Asociación de Jubilados, que acusó a la conducción de PAMI en Mendoza de incumplir un dictamen judicial que garantizaba la entrega gratuita de medicamentos a afiliados. La Fiscalía Federal también pidió investigar a Esteban Leguizamo, director ejecutivo del organismo, y había solicitado que ambos funcionarios tengan prohibido salir del país, aunque la jueza rechazó esa medida por considerarla excesiva.
De esta manera, tanto Litvinchuk como Leguizamo quedaron formalmente acusados en el marco del nuevo Código Procesal Penal, lo que en la práctica equivale a la figura de imputación vigente en el sistema anterior. La causa tiene un plazo de 45 días para que la Fiscalía y la querella presenten pruebas que permitan demostrar la existencia del delito.
Declaraciones de la querella
Al término de la audiencia, los representantes legales de la parte querellante destacaron que la acusación contra los funcionarios es un paso clave en la búsqueda de justicia.
“Lo que sucedió hoy es que están formalmente acusados, lo que antes llamábamos imputados. La jueza nos otorgó 45 días para aportar pruebas suficientes que demuestren la existencia del delito”, explicaron los abogados.
Respecto a la medida de prohibición de salida del país, la querella sostuvo: “Habíamos adherido al pedido de la fiscalía, pero la jueza entendió que era excesiva. Con la sujeción a proceso es suficiente, dado que son funcionarios públicos que deben responder ante la Justicia”.
Los representantes de los jubilados también cuestionaron la posición de los imputados: “Nos sentimos burlados con la exposición de Litvinchuk y Leguizamo. Describieron un PAMI que poco menos parece escandinavo, cuando ayer mismo la Justicia tuvo que ordenar una operación a una afiliada a la que se le negaba cobertura. Dicen que no se quitaron medicamentos gratuitos, pero cualquiera de los jubilados acá presentes puede contar otra historia”.
Finalmente, remarcaron que el incumplimiento gira en torno a la obligación de retrotraer el sistema de cobertura al 1° de diciembre de 2023, fecha en la que regía la resolución que garantizaba la gratuidad de 170 medicamentos esenciales para enfermedades crónicas.
“La Justicia ya ordenó que esa resolución vuelva a aplicarse, pero el PAMI la desconoce. Por eso estamos ante un caso claro de desobediencia”, concluyeron.