PSJ, representa la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los proyectos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera. Está orientado a la producción de insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.
La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que contiene la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino.
La votación, resultó 32 votos por la afirmativa y 13 por la negativa, del Interbloque PJ, del Partido Verde y los diputados Rolando Scanio y Jorge Difonso, de LUM.
Ubicado a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza, representa la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los proyectos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera, orientado a la producción de insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.
En la fundamentación se señala que en el marco del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, “se incorporaron y analizaron los correspondientes Dictámenes Técnicos y Sectoriales, así como el Informe Final único elaborado por la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (C.E. I.A.M.)”.
Dichas instancias, “sumadas a las respuestas oportunamente presentadas por el proponente, culminaron con la emisión del Informe Técnico Final de la Autoridad Ambiental Minera, en el cual se plasmaron las conclusiones y opiniones de rigor respecto del Informe de Impacto Ambiental sometido a evaluación”, añade el texto.
Asimismo, menciona que el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se desarrolló garantizando un “amplio y efectivo proceso de participación ciudadana”, que incluyó consulta pública, talleres participativos y visitas técnicas al proyecto minero, “a fin de promover el acceso a la información y el intercambio directo con la comunidad”.
También “se convocó y celebró la Audiencia Pública con la correspondiente difusión, otorgándose además la posibilidad de efectuar presentaciones por escrito incluso con posterioridad a su realización”, y finalmente, “se garantizó la compulsa pública de las actuaciones, poniendo a disposición de la ciudadanía la totalidad de la documentación obrante en el procedimiento, tanto en formato físico en la sede de la Dirección de Minería, como en formato digital a través de las páginas web oficiales de la Dirección de Minería y de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental”.
Aclara el texto que se incluye de igual forma el procedimiento de consulta previa con comunidades originarias de la zona de influencia del proyecto, “en cumplimiento de los mismos marcos normativos”.
En otro orden, introduce una nueva metodología separando las etapas del ciclo de vida del proyecto durante la construcción, operación, y cierre y post-cierre. Además de contener el expediente completo, la DIA establece un esquema estructurado sobre cinco ejes: Agua – con protección estricta y monitoreo continuo -; Biodiversidad – que contempla evitar, minimizar, restaurar y compensar con planes y protocolos de protección -; Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan – Protección reforzada -; Aire, emisiones y clima, y Participación ciudadana y control social
También prevé la creación de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto; un Fondo Socioambiental y de Compensación ambiental, y un programa de Monitoreo participativo. Esto es, un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Se incluyen protocolos sísmicos, de crecidas, derrames, incendios y contingencias contra cualquier amenaza.
A su vez, la empresa debe implementar Programas de Integridad y Compromiso, haciéndolo extensible a toda su cadena de contratación. Como un agregado a la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que debe ir actualizando, el proponente deberá ir presentando Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.
De igual forma, entre otros aspectos, la Empresa deberá contribuir junto al Municipio de Las Heras y actores comunitarios relevantes, a un Plan de Desarrollo Económico Local que promueva la diversificación de la matriz productiva de Uspallata y demás localidades de Alta Montaña y garantice beneficios sostenibles más allá de la vida útil del proyecto minero, como así también, Programas de Educación.
Debate
El diputado Guillermo Mosso (PRO Libertad), detalló los puntos más importantes del proyecto y señaló que la ciudadanía mendocina “está diciendo que nos podemos dar una oportunidad de empezar a desarrollar una actividad, una industria como lo hacen otros países en la región o como lo hacen otras provincias en nuestro país”.
Afirmó que “estamos hablando de un proyecto ajustado a las mandas de esta Ley, pero además a toda la legislación ambiental y procedimental que tiene la provincia de Mendoza”, destacando que en su evaluación, “intervino como miembro u organismo dictaminador técnico la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo y existieron 16 organismos que emitieron sus dictámenes sectoriales”.
Mosso añadió que “de los dictámenes técnicos surge este proyecto, no genera afectación del recurso hídrico”, y puntualizó que “estamos frente a una oportunidad histórica, los mendocinos miran hoy el desarrollo de la minería. Tanto los proponentes como las empresas que quieran explotar los recursos de la provincia de Mendoza, la Legislatura, tenemos una tarea hacia adelante que es desarrollar esta actividad con el máximo de los estándares ambientales y con el máximo de la exigencia, y con la posibilidad de poner una herramienta de desarrollo a favor de nuestra economía”.
El diputado José Luis Ramón (CyC) adelantó por su parte el voto negativo al proyecto, dijo que “dejen de vender espejitos de colores. El agua no alcanza para este proceso”, y manifestó que estas DIAs “son un manual de omisiones, irregularidades, de información incompleta y un desprecio absoluto y total sobre el aspecto económico que tiene que tener una DIA, a nosotros nos hace mucho ruido”.
Concluyó expresando que “el eje central de todo esto es el aspecto económico, y la generación de empleo. Este proyecto no va a dar empleo, y le va a dejar a Mendoza 285 millones de dólares que no es ni la mitad de 1 punto de lo significa el presupuesto de Mendoza para el año 2026”.
Por su parte, la diputada Valentina Morán (PJ) indicó que “este debate que se ha generado alrededor de San Jorge no es un debate por minería sí o minería no. Creo que la minería puede generar trabajo, tecnología, puede ser parte del desarrollo estratégico del país, de la provincia, y porque entiendo que necesitamos de la minería para la transición energética”.
Sostuvo, en ese sentido, que “es una discusión sobre cómo, cuándo, bajo qué reglas, con qué controles, y al servicio de quién”, señalando que para el desarrollo de la minería es preciso contar con “información ambiental seria y completa; gestión del agua basada en datos actualizados, instituciones fuertes que controlen, reglas económicas equilibradas y capital humano con cadenas de valor que sean locales. Y creo que ninguna de estas condiciones se cumplen en las DIAs que estamos discutiendo hoy”.
En tanto, el diputado Rolando Scanio (LUM) adelantó su voto en contra expresando que “el tema de San Jorge tiene distintos modos de observación. Estimamos que alrededor de 10 canchas de fútbol es el tamaño de dicho proyecto. Consideramos que es mucho el caudal de agua a utilizar” por el proyecto.
Aseguró que “tenemos ejemplos claros en nuestra región de las distintas contaminaciones y cómo devastaron los pueblos” algunos proyectos mineros; subrayó que “ningún proyecto minero a lo largo del mundo, dejó algo positivo en las comunidades, al contrario, comunidades devastadas”, y manifestó que Mendoza, a través de la producción agrícola ha generado “empleo genuino, empleo directo, indirecto a través de la manufactura de los distintos productos que se elaboran acá”.
El diputado Mauro Giambastiani (MM), adelantó el voto positivo de su espacio considerando que “tenemos que hablar de este desafío crítico que es cómo Mendoza administra su recurso hídrico y el agua; pero lo tenemos que hacer con datos”. Agregó que “la minería prevé entre un 1% y un 3% en la industria combinada. Entonces, entendamos que la minería no va a ser un actor relevante en este desafío crítico del agua que tiene Mendoza”, y remarcó que “el problema hídrico de Mendoza no es la minería y no va a ser la minería. Se instaló esta idea de que somos incompatibles con hacer minería en un desierto árido, en un desierto tan seco como Mendoza. Sin embargo, las experiencias internacionales han demostrado que la minería bien hecha con eficiencia de recursos, se puede hacer”.
Por su parte, la diputada Sol Salinas (Unión PRO), manifestó su voto afirmativo y destacó que “es un debate que tiene que ver con el desarrollo de la economía de Mendoza. Dejamos de tener un Estado encorsetado con legislaciones y con miedos de eslogan políticos que lo que han hecho es frenar justamente el desarrollo de esta industria”.
Puso en valor “este cambio de reglas que hace que el Estado tenga los controles suficientes, permita al desarrollo de esta industria, con monitoreos permanentes, con alertas tempranas, con una actualización de los estudios hidrológicos, con el control de cuencas, con la inspección continua del Estado, con la potestad clara de frenar todo si no hay cumplimiento”, y afirmó que “siento que estamos sentando bases claras para el desarrollo productivo de Mendoza, de una industria que es necesaria, que nos podamos convertir en uno de los productores más importantes del mundo, que tenemos las condiciones dadas, que tenemos la gente para hacerlo y que tenemos sobre todo las herramientas claras para poder garantizarlo”.
En tanto, el diputado Gustavo Cairo (LLA) adelantó su voto afirmativo, e indicó que “la mayor parte de la dirigencia mendocina, con matices, esté dando un paso adelante que viene postergado desde hace muchos años, para su desarrollo”. Comparó Mendoza con zonas de Chile, que exportan 1.600 millones de dólares en vino y uvas frescas, y “un enorme flujo de dinero en ciruelas y cerezas”, que son las mismas zonas “en las que se produce cobre por un total de 10.000 millones de dólares”.
Remarcó que “estamos discutiendo un proyecto que no es de los más grandes, son 40.000 toneladas anuales, que representarían unos 400 millones de dólares por año. Un 25% más de lo que produce (y exporta) Mendoza lo produciría esta mina. Tenemos una gran oportunidad de explotar el cobre”. “Más allá de las disidencias, puede ser una etapa importante para Mendoza de desarrollo económico, y fundamentalmente en el caso de este proyecto, para los habitantes de Uspallata”, expresó.
Por otra parte, la diputada Gabriela Lizana (FRLN) indicó que el proyecto San Jorge “no cumple con los estándares internacionales. Ojalá estemos equivocados. Les digo que el compromiso lo tuvimos al 100% con la actividad, con el desarrollo de la actividad minera. Participamos de todas las exposiciones, escuchamos en profundidad. Intentamos acordar cuestiones para acompañar el desarrollo minero de la provincia, pero no podemos hacer actividades a cualquier costo. Ni minería, ni vitivinicultura. No se pueden hacer las cosas a cualquier costo porque el daño que ocasiona cuesta muchísimo repararlo”.
Sostuvo que “a los que románticamente hablan del desarrollo minero como la salvación, cuiden estos puntos porque esto se va a judicializar y yo no sé cómo va a terminar. Y a los que piensan que la minería no es factible, tranquilos falta mucho para discutir”.
Por su parte, el diputado Emanuel Fugazzotto (PV) adelantó su voto negativo a la normativa, y manifestó que “la Ley puede ser buena, pero el problema es que cuando quienes gobiernan creen que tienen la autoridad moral y absoluta para manejarlo discrecionalmente. Este es uno de los errores que se han cometido”.
Agregó que “los estudios de base ambiental de este proyecto son insuficientes, no están completos” y requirió información sobre flora, fauna, hidrología, y de las comunidades que allí viven. Sumó que “hay incertidumbre científica en materia hidrológica” y consideró que las DIAs son “más flexibles”.
Cerró manifestando que “estoy harto de que la Mendoza fundacional minera se discuta siempre con proyectos megamineros”.
En tanto, el diputado Jorge Difonso (LUM) adelantó el voto negativo y manifestó que “están pendientes medidas judiciales que se han planteado durante el proceso que no se han resuelto. Tengo dudas respecto de los planes de contingencia de las rutas. Este proyecto no cumple con la legislación vigente”.
“El Río Mendoza es nuestra fuente de agua potable, es nuestra fuente de riego para producción de alimentos, por eso la 7722 pide que se expresen los municipios de la cuenca porque el medio ambiente no reconoce límites geográficos”, señaló, insistiendo en que ““no podemos avalar este proyecto, no podemos aprobarlo”.
Por otra parte, el diputado Germán Gómez (PJ) adelantó el voto negativo de su bloque y expresó que “quien no aprende de los errores está condenado a cometerlos, a reiterarlos, a repetirlos. Y lamentablemente, para quien hace uso de la palabra, me parece estar viviendo ya una situación similar a la que vivimos no hace mucho tiempo, donde siempre se reclama la necesidad de tener consenso social”.
El legislador remarcó que “en lo personal creo en la minería. Pero en la minería hay que preguntarse qué queremos de esa actividad en la provincia de Mendoza. Y seriamente hay que preguntarse si queremos ser Chile, queremos ser Australia o queremos ser el Congo”.
Finalmente, Enrique Thomas (PRO Libertad) cerró el debate resaltando que “luego de 14 años, este gobierno se propuso arrancar de cero de nuevo”, haciendo todos los estudios necesarios y dándole la participación a la ciudadanía y los organismos competentes en la materia. Remarcó que “la empresa que hoy se manda una macana en Mendoza, paga las consecuencias en el mundo entero, y pierden valor sus acciones en todo el mundo”.
Argumentó, a su vez, que “el gobierno de Mendoza ha estudiado cada uno de los pasos que hemos ido dando en audiencias abiertas, en debates enriquecedores, algunos ásperos, algunos duros, otros menos duros, pero cada uno ha tenido la oportunidad de expresarse”, resaltando “el procedimiento en general que se ha seguido y que de alguna manera, refuta muchas de las posturas que se han expresado en el día de hoy”.
“Hoy, el 70% de los habitantes de la villa de Uspallata es empleado estatal, y nadie dice nada. El 60% de los habitantes de Uspallata está por debajo de la línea de pobreza. Nosotros desde este gobierno y desde este equipo les estamos proponiendo un futuro distinto. Trabajoso, claro, no es fácil. Un proceso que va a tardar dos, tres, o cuatro años”, pero que genera “avance y progreso”, señaló.