El Parlamento Europeo ha frenado la aprobación del acuerdo comercial UE-Mercosur. La suspensión se produce tras una ajustada votación, celebrada este miércoles en la Eurocámara, por la que se ha decidido remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como había solicitado un grupo de izquierda minoritaria. Aunque no es una paralización total —incluso desde dentro de la Eurocámara se han producido rápidamente llamamientos a que se proceda a una aplicación provisional—, el éxito de la maniobra parlamentaria supone una muestra más de los múltiples obstáculos que afronta aún el acuerdo, firmado formalmente el pasado sábado en Asunción (Paraguay), que busca crear la mayor zona comercial del mundo y que se ha tardado en cerrar más de un cuarto de siglo.
Con esta iniciativa, la justicia europea deberá pronunciarse sobre si el pacto y los compromisos adquiridos con los socios latinoamericanos se ajustan al derecho comunitario. Como instrumento clave para abrir Europa a otros mercados internacionales que hagan al bloque menos dependiente de Estados Unidos, el freno supone también un varapalo político. Sobre todo en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, que llegaba a Davos mientras en Estrasburgo se realizaba la votación, ha lanzado una nueva retahíla de amenazas arancelarias contra países europeos y, con sus ansias sobre Groenlandia, pone en juego también la soberanía e integridad territorial del Viejo Continente.
Así lo ha advertido el canciller alemán, Friedrich Merz, uno de los máximos impulsores del acuerdo. “La decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo del Mercosur es lamentable. No interpreta correctamente la situación geopolítica”, ha recriminado en las redes sociales. “Basta de demoras”, ha clamado el dirigente de un gigante europeo que sin embargo no logra hacer remontar su economía. Su enfado tiene una explicación. Según los cálculos del Centro Europeo para la Política Económica Internacional (ECIPE, por sus siglas en inglés), los retrasos en la aplicación del pacto cuestan miles de millones de euros en exportaciones. En los cinco años que han pasado entre la firma del primer principio de acuerdo y el segundo, el coste habría sido de unos 183.000 millones, a razón de 3.000 millones al mes. Una actualización de esa cifra eleva el coste a 280.000 si tardara tres años más en entrar en vigor.
El coste económico de la decisión es otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno español para criticar la moción aprobada en el Parlamento. “El acuerdo suprime más del 90% de aranceles a las exportaciones europeas, lo que ahorrará a las empresas europeas más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles. Cada mes de retraso en la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur implica costes relevantes para nuestra economía y para la competitividad de nuestros sectores”, indican fuentes del Ministerio de Economía. “La entrada en vigor del acuerdo supondría un impulso significativo para nuestras empresas, con más oportunidades de exportación, reducción de barreras y un impacto económico positivo”, insiste el departamento que dirige Carlos Cuerpo.
Francia, el país más opuesto por razones sobre todo políticas a un pacto que lleva años provocando duras protestas agrícolas, ha calificado, por el contrario, de “coherente” la decisión legislativa. Miles de agricultores franceses llevan protestando desde el martes ante la sede en Estrasburgo del Parlamento Europeo donde se ha celebrado el pleno que ha frenado el acuerdo, con el voto masivo de legisladores franceses de todo signo político. “Francia asume decir no cuando es necesario y, a menudo, la historia le da la razón”, ha celebrado el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot.