El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las irregularidades detectadas en la compra de medicamentos en el marco del organismo, durante la actual gestión. Sin prisión preventiva, se le atribuyó al ex funcionario los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y cohecho pasivo.
Todas las acusaciones concurren con otro delito mayor: haber sido jefe de una asociación ilícita. El juez además embargó a Spagnuolo por 202.828.725.464 pesos. La cifra guarda relación con el perjuicio supuestamente ocasionado a través del direccionamiento de las compras de medicamentos, el beneficio a favor de unas pocas empresas y los sobreprecios en esas operaciones. La maniobra representó un daño al Estado de 30.337.220.919,77 pesos.
Luego de una exhaustiva investigación, explicó el juez Casanello, se dio por corroborado aquello que expuso el fiscal federal Franco Picardi: “ciertas personas (funcionarios/as de la ANDIS y del sector privado vinculado al rubro de la salud), de manera coordinada y bajo acuerdos espurios, “integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública”.
Los «jefes» de la banda
Además de Spagnuolo, Casanello señaló como cabecillas de la organización a Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como número dos de la Agencia, y a los particulares Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Según la investigación, estos últimos lograban controlar la operatividad de la ANDIS desde el sector privado, imponiendo una lógica de intermediación y sobreprecios en las compras.
El juez subrayó el «desenfado» con el que operaba la banda ante las quejas de otros funcionarios y empresarios que quedaban desplazados de los negocios.
El origen de la causa y la validez de las pruebas contra Diego Spagnuolo
El expediente se inició en agosto pasado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, impulsada por reportes periodísticos y la filtración de audios. Las defensas habían solicitado la nulidad de la causa alegando que dichas grabaciones eran de origen ilícito.
Sin embargo, Casanello rechazó el planteo y aclaró que el procesamiento no se basa en los audios filtrados, sino en otras pruebas recolectadas por el fiscal Franco Picardi que demuestran las maniobras de corrupción.
Finalmente, el fallo deja la puerta abierta a nuevas imputaciones. El juez advirtió que la investigación «no se agota» en los hechos probados hasta hoy y ordenó profundizar la pesquisa, sugiriendo que, por el volumen de dinero involucrado, la red de complicidades podría extenderse hacia otras áreas del Estado.