Mientras intenta recuperar el control del timón político en medio de la debacle electoral que le significó la dura derrota en provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei profundizó su ajuste sobre los sectores más débiles de la sociedad y vetó la ley que buscaba garantizarle al Hospital Garrahan los fondos necesarios para seguir funcionando.
Así quedó plasmado en el Decreto 651/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del mandatario libertario y de todos los integrantes de su Gabinete de ministros.
La iniciativa implicaba una recomposición salarial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año y había sido sancionado en el Senado el 22 de agosto pasado con 62 votos a favor y apenas ocho rechazos de senadores libertarios y macristas.
Ahora la oposición podrá insistir en el Congreso para voltear el veto y para ello deberá reunir dos tercios de los votos.
Mientras resigna recursos por medio de la baja de retenciones y el alivio del Impuesto a los Bienes Personales a los sectores más ricos de la Argentina, Milei le quitó recursos al mayor hospital pediátrico del país y al que llegan chicos de todas partes para tratarse enfermedades graves como el cáncer. Para ello, señaló, que el proyecto carece de financiamiento genuino.
“El proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, argumentaron desde el Gobierno al señalar que faltaba una delimitación para comprender que abarcaría a las “funciones críticas” señaladas en la iniciativa.
Cabe recordar que para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Garrahan ” es eminentemente un gasto público” y por lo tanto pasible de ser recortado sin importar la vital función social que cumple.
En la misma línea el Gobierno advirtió que la implementación de una ley de este estilo “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”.
En el caso de las distorsiones salariales, las autoridades interpretaron que el personal pediátrico quedaría por encima del resto de los trabajadores del sistema sanitario, lo que provocaría una brecha en el sector. Incluso, indicaron que las actualizaciones propuestas no solo afectarían a los fondos nacionales, sino que socavarían a los gobiernos provinciales.