En una sesión atravesada por fuertes cruces políticos, el Senado de la Nación aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil y estableció que la edad de imputabilidad bajará a 14 años. La iniciativa fue sancionada con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y ya había recibido media sanción en la Cámara de Diputados. Ahora, la norma aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial para entrar en vigencia.
El proyecto fue impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio y defendió la reforma como un cambio estructural en el enfoque penal hacia menores de edad.
“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, sostuvo Bullrich al referirse al nuevo esquema. Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.
La norma establece procedimientos diferenciados para adolescentes, con un sistema específico dentro del esquema penal argentino. Según sus impulsores, el objetivo es dotar al Estado de herramientas para intervenir ante delitos graves cometidos por menores de 16 años, algo que hasta ahora encontraba límites en la legislación vigente.
Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de controversias. Desde el peronismo cuestionaron la constitucionalidad del proyecto y advirtieron sobre la falta de recursos asignados para su implementación en las provincias. Legisladores opositores señalaron que, sin financiamiento adecuado para infraestructura, equipos interdisciplinarios y programas de reinserción, la reforma podría generar mayores tensiones en el sistema judicial y penitenciario.
El debate también puso en el centro la discusión sobre el equilibrio entre seguridad, prevención y derechos de la niñez, un eje que divide aguas en el escenario político argentino. Mientras el oficialismo argumenta que la reforma responde a una demanda social frente a delitos cada vez más violentos, sectores críticos advierten sobre el riesgo de endurecer el sistema sin atacar las causas estructurales de la delincuencia juvenil.
Con la sanción definitiva en la Cámara alta, el nuevo Régimen Penal Juvenil marca un giro significativo en la política criminal argentina y abre una etapa de reglamentación que será clave para definir su alcance real y su impacto en el sistema judicial del país.