Luego de intensas negociaciones y medidas de fuerza, el Gobierno de Mendoza cerró la paritaria al otorgar por decreto un incremento para los empleados públicos del régimen salarial 10.
El Decreto firmada por el Gobernador Alfredo Cornejo y publicada este viernes en el Boletín Oficial, establece un aumento del 10% para los meses de abril, mayo y junio de 2024, calculado sobre la base fija de diciembre de 2023.
El anuncio para los empleados y funcionarios judiciales se produce tras un proceso paritario caracterizado por la volatilidad de la economía nacional y las repetidas acciones directas de los gremios. En Casa de Gobierno, por otro lado, no ocultaron su enojo por el modo en que escaló la discusión.
Tal como había anticipado, el Poder Ejecutivo aplicó por decreto el aumento salarial a los empleados judiciales, único sector de la administración pública provincial que no había acordado en paritarias el incremento. Esta definición concede un incremento inferior al que había ofrecido el Gobierno en la mesa de negociación.
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En efecto, el artículo 1 del decreto 947 le otorga “a los agentes públicos pertenecientes al Régimen Salarial 10, un incremento salarial del 10% sobre la asignación de clase para los meses de abril, mayo y junio de 2024 respectivamente calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023. El incremento es no acumulativo y alcanza exclusivamente a los agentes del sector”. En paritarias, a los judiciales les ofrecían un mayor porcentaje y sumas fijas que no aparecen en el decreto.
En los considerandos, el decreto 947 destaca que “concluidas las negociaciones salariales del segundo trimestre 2024, se han suscripto acuerdos con la totalidad de los gremios que representan a los distintos agentes públicos a excepción de los representados por la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza y los representados por la Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza”.
El decreto también detalla cómo fue creciendo el conflicto salarial, que arrancó con paros a comienzos de marzo de 2024. Luego dice que no hubo acatamiento de la conciliación obligatoria, lo que generó la aplicación de una multa.
Más adelante se detalla que a lo largo de abril hubo ofrecimientos formales de mejora salarial que fueron rechazadas por los gremios. También se propuso abonar a los empleados de las oficinas fiscales un “ítem superador” que tampoco fue aceptado.
El conflicto se extendió a este mes con una seguidilla de paros. La última decisión había sido decretar paro de actividades para los días 20 a 24 de mayo de 2024 en las oficinas del Poder Judicial, como también para los días 19 a 26 de mayo de 2024 para las oficinas fiscales.
El Gobierno había advertido que el aumento por decreto sería “inferior a si hubiesen aceptado la propuesta mejor que les hicimos”.
Esa oferta tenía dos alternativas. La primera era un aumento en tres tramos del 10% cada uno, para los meses de abril, mayo y junio además de tres sumas sumas fijas, para los mismos meses por un total de $150.000 y de $75.000 según si el salario bruta a marzo de este año estaba por encima o por debajo de 2,5 Salario Mensual Vital y Móvil (SMVM).
La segunda alternativa no contemplaba sumas fijas y se otorgaba 11% de aumento para abril, y el mismo porcentaje para mayo y para junio.