La industria vitivinícola argentina atraviesa horas de máxima tensión tras la publicación de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La medida, que dispone la baja definitiva del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y elimina las contribuciones obligatorias que sustentan a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), fue recibida con un enérgico rechazo por parte de la entidad, que calificó la decisión como “inconsulta, inoportuna e improcedente”.


Desde la COVIAR señalaron que la resolución nacional atenta contra la institucionalidad del sector, ya que intenta desarticular mediante un acto administrativo lo que fue establecido por la Ley Nacional 25.849. "No se puede borrar por resolución lo que fue fruto de un consenso legislativo y una política de Estado que lleva más de 20 años", explicaron fuentes de la entidad, confirmando que ya se trabaja en una estrategia judicial para frenar la medida.


El impacto regional: un golpe al corazón de las provincias productoras


El desmantelamiento del PEVI no es solo un cambio administrativo; representa una amenaza directa a la estructura social y económica de provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta y Catamarca.

  • Desamparo del pequeño productor: La mayor preocupación radica en los miles de productores de pequeña escala. Al eliminarse los fondos para asistencia técnica e innovación, estas familias pierden el soporte necesario para competir en un mercado global. Sin el paraguas del PEVI, el riesgo de concentración de la tierra y abandono de fincas aumenta drásticamente.
  • Freno al desarrollo local: Muchos de los programas ejecutados por COVIAR financian centros de desarrollo vitícola en zonas rurales alejadas, donde el Estado Nacional suele tener poca llegada. El cierre de estas herramientas debilita el arraigo territorial y el empleo en los departamentos del interior.
  • Riesgo para el Turismo del Vino: El Plan Estratégico fue fundamental para convertir a Argentina en un destino enoturístico mundial. El recorte de fondos para promoción internacional golpea directamente a la hotelería y gastronomía regional, que hoy dependen fuertemente del flujo de turistas atraídos por la marca "Vino Argentino".

Argumentos económicos


 El malestar se profundiza al analizar los números. Según la corporación, el canon que el Gobierno busca eliminar representa apenas el 0,019% del precio final de una botella de vino. "Es una cifra insignificante para el consumidor, pero vital para financiar la investigación y las campañas de promoción que las bodegas pequeñas no podrían costear por su cuenta", advirtieron desde la entidad.


Falta de diálogo y futuro incierto


 La dirigencia vitivinícola lamentó que una decisión que afecta a más de 10 provincias productoras se tomara de forma unilateral, sin mediar palabra con los actores de la cadena. Mientras el Gobierno nacional otorgó un plazo de 90 días para que el organismo rinda cuentas y cierre el esquema vigente, la COVIAR sostiene que el programa es un modelo de articulación público-privada exitoso y necesario para la supervivencia de las economías regionales.


La batalla por la vigencia del PEVI parece que se trasladará de los escritorios oficiales a los tribunales, en lo que promete ser un conflicto de largo aliento para la industria más emblemática del país.