Este viernes 2 de junio es la última audiencia, se escucharán las últimas palabras de los imputados y se leerá la sentencia.
Este viernes 2 de junio es la audiencia final en el noveno juicio por delitos de Lesa Humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar.
Se escucharán las últimas palabras de los imputados y luego la lectura de la sentencia en Tribunales Federales ubicados en la Avenida España y Pedro Molina de la Ciudad de Mendoza.
Son 18 los imputados, 60 las víctimas detenidas desaparecidas y 40 los sobrevivientes. Este juicio se inició el 19 de marzo de 2019 y se realizaron 116 audiencias con 90 testigos.
El juicio que también se desarrolló en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, investigó la responsabilidad penal de 22 exmilitares y ex policías en delitos de lesa humanidad.
Una de las particularidades de este juicio es que investigó, por primera vez, a unidades especializadas en inteligencia: el Destacamento 144 del Ejército, la Regional Oeste de Inteligencia de la Fuerza Aérea y la División II de la IV Brigada Aérea. Además, incluyó nuevos procesados por el Departamento 2 de Informaciones de la Policía (D2), las comisarías 7 y 16 y responsables de las fuerzas de choque de la Aeronáutica.
Entre los imputados del Destacamento de Inteligencia 144 se encuentran José Antonio Escobar (fallecido), Juan Carlos Luis, Vicente Omar Navarro, Oscar Alfredo Simone y Hugo Luis Zalazar. Hasta ahora, ninguno había sido juzgado.
De la Fuerza Aérea, hay doce investigados: Julio Rolando Escudero, Eduardo Elio Gaviola y Jorge Alberto López (los tres fallecidos), Julio Roberto Agüero, Guillermo Campanile, Néstor Nivaldo Carmona, José Santos Chiófalo, Anacleto Edmundo Calderón, Juan Carlos Cuadrado, Emilio Antonio García, Alberto Raganato y Juan Carlos Alberto Santa María. Este último ya fue juzgado con anterioridad y condenado a prisión perpetua por la desaparición del reconocido intelectual Mauricio Amílcar López.
Entre los exintegrantes de la Policía de Mendoza están imputados Armando Osvaldo Fernández y Marcelo Rolando Moroy -los dos del D2 y con condenas previas-, y Ramón Dagoberto Álvarez (Comisaría 7), Manuel Martínez (Comisaría 16) y José Esteban Roccato (D2).
Las víctimas
El proceso investigó lo sucedido con sesenta víctimas asesinadas o desaparecidas entre 1971 y 1978, y cuarenta sobrevivientes. Algunos casos no habían sido analizados con anterioridad, como la desaparición del matrimonio Verd-Palacio en San Juan, en 1971, durante el gobierno de facto de Alejandro A. Lanusse. Para la fiscalía, el caso demuestra la implementación de la desaparición forzada de personas como práctica represiva antes de la última dictadura cívico-militar.
También esclarecieron por primera vez algunas detenciones ilegales en la Comisaría 16, de Las Heras, y en el predio de la IV Brigada Aérea; una desaparición con intervención de la Comisaría 7, de Godoy Cruz, y el llamado «Operativo Antijesuita», es decir, la desaparición -entre junio y septiembre de 1976- de personas vinculadas al cura jesuita José María «Macuca» Llorens y el trabajo social desarrollado en el barrio San Martín, ubicado al oeste de la Ciudad de Mendoza.
Se analizaron, además, los grandes operativos conjuntos de Mendoza ya investigados previamente: mayo de 1976 (contra la Juventud Guevarista y el PRT-ERP), abril de 1977 (contra militantes peronistas), diciembre de 1977 (contra militantes del PCML) y mayo de 1978 (en el marco del mundial de fútbol). Por último, se retomaron los casos de detenciones (algunas seguidas de desaparición) en el Campo Las Lajas, dependiente de la Fuerza Aérea.
Además de responsabilizar a nuevas estructuras e imputados, muchas de estas causas contemplaron casos de víctimas que no habían sido objeto directo de un proceso penal con anterioridad, pese a que se hubieran reconstruido los hechos. Por ejemplo, las ejecuciones sumarias de Ana María Moral, María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José (abril del 77) o la desaparición de Aldo Patroni (mayo del 78).
