La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dejó firme la millonaria condena contra Refres Now S.A., firma propietaria de la marca Manaos, al rechazar el recurso extraordinario federal con el que la empresa buscaba llevar el expediente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta manera, el máximo tribunal provincial clausuró la vía recursiva local y ratificó la obligación de pago superior a los $800 millones a favor del trabajador demandante. ([Punto de Partida][1])


El caso se originó tras la demanda presentada por un ex empleado de San Rafael, quien se desempeñó entre 2013 y 2022 como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa. El trabajador denunció despido indirecto, irregularidades en la registración laboral, descuentos indebidos y maniobras vinculadas a evasión previsional. La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había dictado inicialmente una condena cercana a los $1.500 millones. ([Punto de Partida][1])

Posteriormente, la Suprema Corte mendocina revisó el fallo y redujo el monto, fijando una indemnización total de $807.676.293,72, compuesta por capital e intereses calculados hasta abril de 2025, con más intereses hasta el efectivo pago. Si bien morigeró parte de la liquidación, el tribunal mantuvo firme la responsabilidad empresaria por el vínculo laboral no debidamente registrado y el distracto sin causa.


En su reciente resolución, los ministros Omar Palermo, Norma Llatser y Mario Adaro consideraron improcedente el planteo federal de la compañía. Según sostuvieron, la controversia gira sobre cuestiones de hecho y derecho común, propias del fuero laboral, sin existencia de una cuestión federal suficiente que habilite la intervención de la Corte nacional. También remarcaron que la firma reiteró argumentos ya analizados en instancias previas. 

El fallo representa uno de los antecedentes laborales de mayor impacto económico en Mendoza y vuelve a poner en debate la registración del empleo, el cálculo de intereses judiciales y la responsabilidad empresaria ante incumplimientos laborales. Para la empresa, la resolución implica afrontar una suma que continuará actualizándose hasta que se concrete el pago total ordenado por la Justicia.