Una decisión de la Justicia Federal encendió el debate ambiental y político en todo el país. Un juzgado de Río Gallegos ordenó suspender la aplicación de la reforma a la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz, al considerar que podría afectar ecosistemas sensibles.

La medida cautelar, firmada por el juez Claudio Marcelo Vázquez, obliga al Estado Nacional a abstenerse de implementar cualquier acción derivada de la modificación normativa que impacte sobre glaciares o zonas periglaciares, al menos hasta que haya una sentencia definitiva.

El origen del reclamo
El fallo responde a un amparo colectivo ambiental impulsado por autoridades de El Calafate, entre ellas representantes del Concejo Deliberante, del Ejecutivo local y legisladores provinciales.

En la presentación judicial, los demandantes advirtieron que la reforma introduce cambios de fondo en el régimen de protección establecido por la Ley N° 26.639. Según sostuvieron, la nueva normativa reduciría áreas protegidas y habilitaría actividades actualmente prohibidas en zonas de alta sensibilidad ambiental.

Además, señalaron que la modificación implicaría una “regresión” en los estándares de protección ambiental y podría vulnerar el sistema de presupuestos mínimos contemplado en la Constitución Nacional.