El Gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, llevó a cabo una serie de operativos migratorios en la provincia de Salta para reforzar los controles en zonas fronterizas con Bolivia.

Durante las inspecciones, las fuerzas de seguridad y organismos nacionales detectaron a 18 ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular.

De ellos, 14 eran de nacionalidad boliviana y uno colombiano, quienes fueron deportados por vía terrestre a través del paso fronterizo Salvador Mazza–Yacuiba y entregados a la Policía Nacional de Bolivia.

Entre los casos destacados, las autoridades señalaron que un ciudadano colombiano contaba con antecedentes reiterados por hurto en Bogotá, mientras que un ciudadano boliviano tenía antecedentes vinculados al narcotráfico.

Estos antecedentes reforzaron la decisión de proceder con la expulsión inmediata de estos individuos.

En una segunda fase, los operativos se trasladaron a la intersección de las Rutas Nacionales N° 34 y 50, en la ciudad de Pichanal, punto estratégico relacionado con los pasos fronterizos de Salvador Mazza y Aguas Blancas.

Durante una jornada de controles entre las 9 y las 16 horas, se inspeccionaron vehículos de transporte público y privado para detectar irregularidades migratorias.

En total, los procedimientos permitieron la identificación de 423 personas mediante el uso de herramientas tecnológicas como Morpho Rap ID, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y bases de datos de Migraciones.

De ese total, 315 eran ciudadanos argentinos y 93 extranjeros que habían ingresado al país de manera regular.

Estas acciones forman parte de la política del gobierno de Milei para fortalecer la seguridad fronteriza y controlar el ingreso irregular de personas al territorio nacional, priorizando la expulsión de quienes cuentan con antecedentes penales y representan un riesgo para la seguridad pública.

El despliegue coordinado entre fuerzas federales y organismos nacionales en Salta refleja un compromiso institucional para garantizar el cumplimiento de las normativas migratorias y proteger las fronteras del país.