Lo confirmaron fuentes del gobierno de Mendoza al POST. Es por la medida del BCRA que limita el acceso de dólares a las proivincias al 40% de sus necesidades de pago de deuda.
El Gobierno de Mendoza recurrirá a la Justicia contra una medida del Banco Central de la República Argentina que limitó el acceso a dólares a las provincias, por la crisis de reservas y existencia de moneda extranjera que sufre el país. Así, de hecho, lo que ha hecho el Gobierno nacional a través del BCRA es aplicar un duro «cepo» a las provincias, lo que empeora la calificación de la deuda de los gobiernos locales y las obliga a negociar de nuevo con acreedores, caer en manos de fondos buitre, o directamente defaultear.
Pasadas las siete de la mañana de este viernes, fuentes del Gobierno confirmaron que la Provincia recurrirá a la Justicia con una medida cautelar para esquivar este «cepo», cuyos detalles ya aparecen esta mañana en la página del Banco Central de la República Argentina. La provincia de Córdoba también recurrirá a la Justicia.
En estos momentos, el gobernador Rodolfo Suarez encabeza una reunión del equipo de Hacienda y otros miembros del Gobierno, para analizar la situación y decidir qué tipo de presentación judicial puede hacerse para saltar este «cepo».
Mendoza tiene vencimientos en dólares en el segundo semestre, por un total de 60 (sesenta) millones. Y la medida del Central limita el acceso a esos dólares. «Es increíble que el propio Estado no pueda comprar dólares. Además, aquí, no nos dan el roll over», se quejó un miembro del gobierno consultado por este diario.
Habrá que esperar algún anuncio durante el curso de la mañana, pero lo concreto es que Mendoza irá a la Justicia si no puede recurrir a dólares oficiales para pagar sus vencimientos.
La medida del BCRA implica más que un cepo una suerte de «corralito» sobre los dólares oficiales. Y de hecho, deja a las provincias sin crédito y ante el peligro de un default de los gobiernos locales.
La norma dictada este jueves por la autoridad monetaria establece que deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple «una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años».
Córdoba, que también irá a la Justicia, en un comunicado señaló que «la medida imprevista, es discriminatoria y anti federal, atentando contra el normal desarrollo y las autonomías de las provincias; más aún, cuando aquellos compromisos asumidos en dólares han sido autorizados a contraerse por el propio Estado nacional, generando un notable perjuicio a la provincia de Córdoba».
Por su parte, el BCRA argumentó que «esta decisión busca seguir avanzando en un proceso de desendeudamiento en moneda extranjera a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria». Además, la entidad a cargo de Miguel Pesce señaló que «la deuda global involucrada es de U$S 460 millones. Es lo que vence de capital en la segunda mitad del año. En el primer semestre pagaron de capital U$S 315 millones. Es decir, que lo que se pide refinanciar es 60% de U$S 460 millones: serían U$S 276 millones».
