La iniciativa, que fue aprobada en el Senado, busca cancelar la deuda con el organismo de crédito a través de la recuperación de dinero evadido a la AFIP en el exterior.

La Cámara de Diputados comenzará el miércoles a tratar el proyecto de ley para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea cancelada en base a la recuperación de «dólares fugados» de evasores, que tengan bienes en el exterior no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado por 37 afirmativos contra 31 negativos, empezará a ser debatida este miércoles desde las 14 en la comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau. A posterior, se convocará también a la comisión de Presupuesto y Hacienda, con competencia en el tema.

El proyecto, que fue diseñado por el senador oficialista Oscar Parrilli, busca crear el «Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional» apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares al fisco.

En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota sube del 20 al 35%.

Para el caso en que el sujeto declare y pague en forma espontánea y voluntaria, sin la intervención de la AFIP, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley se le aplicarán los beneficios, eximiciones y otras liberaciones dispuestos en el blanqueo previsto en la Ley de Incentivo a la Construcción Federal (N°27.613).

El fondo, según el proyecto, será administrado por el Ministerio de Economía, mientras que el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de este fondo estará a cargo de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

El fondo estará vigente hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, se estipula la creación de la figura del «colaborador», que será «cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos». Recibirá como recompensa el 30% de los montos superiores a 500 mil dólares.

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