A tres detenidos por las maniobras fraudulentas les dictaron la prisión preventiva en modalidad domiciliaria, mediante fianzas de 30 millones de pesos. Los tres sospechosos restantes accedieron al recupero de la libertad. De todos modos, seguirán tras las rejas por una nueva acusación.
A comienzos de julio, detectives mendocinos detuvieron a un grupo de emprendedores que lideraban dos ambiciosos proyectos de negocios: Cripto Country y We Are Capital. El primero consistía en la venta de terrenos o lotes digitales en el metaverso y el segundo era un broker de criptomonedas, es decir, una plataforma dedicada a la gestión de operaciones de compra-venta de monedas virtuales.
Ambas firmas sumaron en los últimos meses numerosas denuncias por estafas. Los damnificados invirtieron millones de pesos en los servicios que ofrecían ambas empresas, cuya cara visible y CEO era Giovanni Tomás Caroglio Santecchia, un programador de 28 años, oriundo de Chacras de Coria y que se autopromocionaba en los medios de comunicación como un revolucionario empresario del mercado digital.
Detrás de él se encontraban sus hermanos Gitanjalil Tomás Pablo y Genaro Daniel Tomás -los tres llevan ese último nombre, al igual que su padre- y tres colaboradores: Hans Ditier Breuer Vargas, Juan Ignacio Manduca Suraci y Lucas Matías Zalazar Guerrero. Este miércoles, la Justicia definió la situación de los seis acusados, luego de cinco audiencias que se estiraron a lo largo de más de un mes.
La jueza María José Cerdera, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, les dictó la prisión preventiva a Giovanni y Genaro Caroglio y al chileno Breuer Vargas, aunque la podrán cumplir bajo la modalidad domiciliaria, mediante el pago de una fianza real de 30.000.00 de pesos.
Por su parte, Gitanjalil Caroglio, Manduca y Zalazar accedieron al recupero de la libertad. Al primero le fijó una caución de 10.000.000 de pesos y a los otros dos de 500.000 pesos. Los tres seguirán sujetos a proceso, deberán presentarse a firmar una vez por semana y tienen prohibido salir de la provincia y el país, entre otras condiciones.
No obstante, ninguno de los sospechos podrá abandonar la cárcel. Esto porque el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos, quien lidera la investigación, los imputó por asociación ilícita, sindicando a Giovanni Caroglio como el jefe de la misma.
Además, con respecto las domiciliarias que otorgó la magistrada en la causa por las estafas, deberían rendir las fianzas y cumplir con una serie de condiciones, que deberán ser analizadas por el Servicio Penitenciario.
Los seis detenidos se encuentran imputados por siete hechos de estafa y ahora se les sumó el delito de asociación ilícita.
