La secretaria de Gobierno presentó, a través de su defensa, un recurso para poder defenderse ante la denuncia por amenazas a dos empleadas.
Las causas judiciales que atraviesan a la Municipalidad de Las Heras siguen sacando a la superficie la pelea que hay en Tribunales provinciales, aún mientras ocurre la feria judicial.
Ahora, trascendió políticamente el resultado de los exámenes psiquiátricos que se les realizaron a las dos empleadas que acusaron a la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, y a otra funcionaria, Patricia Riveros, por coacciones y amenazas.
Pero los detalles van más allá de las conclusiones de estos estudios que se realizaron en el Cuerpo Médico Forense, y se abre un nuevo frente de conflicto.
Por ejemplo, el inicio de uno de los estudios está fechado el 22 de junio, en tanto que el informe de la otra se entregó el 3 de julio.
Sin embargo, antes de que este informe fuera solicitado, el 13 de junio la abogada de Ortiz, María Elena Quintero, incorporó por Mesa de Entrada un “Propone Defensa“. Se trata de un recurso al que apelan aquellos que saben que han sido mencionados en una denuncia y se presentan espontáneamente para comenzar a defenderse.
Según el Código Procesal Penal de Mendoza, a partir de ese momento este tipo de medidas tiene que ser notificada a la defensa, ya que, entre otras alternativas, permite disponer de un perito de parte. Eso no ocurrió.
Desde el Ministerio Público, en cambio, entienden que no hacía falta tal comunicación. Aseguraron que, como no existía imputación formal, el fiscal Gabriel Blanco podía disponer de este evaluación para, tras evaluarla, tener una opinión más formada antes de tomar una decisión.
De hecho, para Blanco y para su jefe, Sebastián Capizzi, no había elementos sólidos para concretar la imputación contra Ortiz. E hicieron saber que actuaban sólo porque la procuradora adjunta, Paula Quiroga, así lo había ordenado. Por ahora, la ejecución de la imputación no se concretó.
La discusión, por lo tanto, pasa por determinar si lo actuado por el Cuerpo Médico Forense fue una pericia sobre las denunciantes o si sólo tuvo carácter de informe. En esa delgada línea se mueve el expediente.
Ortiz, secretaria de Gobierno de la Municipalidad, se encuentra en el ojo de la tormenta desde el inicio de la campaña electoral y la decisión del intendente Daniel Orozco de sumarse a las filas de Omar De Marchi, rompiendo de esta manera con Cambia Mendoza.
Ortiz ha denunciado irregularidades por parte de ex empleados de la comuna vinculados políticamente con el ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Francisco Lo Presti, pero también ha sido denunciada por haber coaccionado a empleadas; a una de ellas, para que grabara a otro funcionario, de la cual se desprende la llamada causa de “las cooperativas“, donde se investigan contrataciones irregulares.
A su vez, Ortiz también denunció una agresión sufrida al salir de su casa en Guaymallén, investigación que ha generado dudas respecto a si fue una situación armada.
