El Jury de Enjuiciamiento destituyó este lunes a María Lizán (66) del cargo de jueza de Familia porque «está inhabilitada física y piscológicamente para ejercer la magistratura», tal como argumentaron sus abogados y les fue aceptado.
Momentos antes, el organismo encargado de evaluar la conducta de los magistrados mendocinos archivó las causales que la llevaron a juicio político: mal desempeño y desorden de conducta.
El cambio de calificación, tan brusco por cierto, se produjo para evitar un mal mayor: demandas millonarias contra el Estado provincial y complicaciones para los empleados y funcionarios del Juzgado de Familia 12 de Las Heras: bombas a punto de explotar si Lizán era destituida por ejercer la magistratura de modo reprochable.
El proceso se desarrolló en el Polo Judicial mientras empleados judiciales reclamaban mejoras salariales.
Lizán no acudió al Jury este lunes, que comenzó a sesionar en su ausencia. Pablo Cazabán, uno de sus abogados, presentó una batería de documentación para argumentar que la imputada no estaba en condiciones psicofísicas de seguir siendo jueza, ya que está seriamente afectada en su salud a raíz de problemas de salud que tienen dos hijos. Buscaba una salida elegante.
