Fue mucha gente. Cientos de miles de argentinos. Se trató de un evento político de una dimensión tan masiva que convirtió en irrelevante precisar si fueron 180 mil, como dijeron sotto voce en el Gobierno, o un millón de almas, como plantearon los organizadores. Fue ciertamente una multitud que se movilizó para defender el valor de la educación pública y para pedir un límite al ajuste drástico del presupuesto destinado a las universidades nacionales.
Se trató de una marcha que si bien tuvo ecos en casi todas las provincias, el epicentro se dio en un puñado de manzanas del centro porteño. Los convocados marcharon desde la Plaza Houssay, corazón universitario de la ciudad de Buenos Aires, y desde el Congreso Nacional, y terminaron lo más cerca que pudieron de una Plaza de Mayo abarrotada, donde se montó un escenario desde el que se leyó un documento titulado “La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social”. Si bien se filtraron críticas partidistas, el grueso del mensaje estuvo enfocado en demandar el dinero necesario para evitar un virtual apagón educativo.
La movilización la organizó la comunidad de las universidades públicas -con rectores, estudiantes, docentes y no docentes y sindicatos- después de semanas de negociaciones que no llevaron a ningún lado entre el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y sectores gremiales con el Gobierno. La marcha -que por su volumen convirtió en inaplicable el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich- tuvo la adhesión masiva de los distintos sectores del peronismo, de piqueteros y sindicalistas de la CGT y las dos CTA, como así también de sectores importantes de la UCR y una minoría del PRO.
Más allá de la multitudinaria convocatoria, el gobierno de Javier Milei reaccionó sin sorpresas. Rechazó los reclamos, ratificó la política de austeridad presupuestaria y puso en medio de la discusión la exigencia de que las universidades acepten un régimen de auditorías sobre los fondos que administran diferente al que establece la legislación vigente. Es que la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, es la que está a cargo de la supervisión de los gastos. Más allá de la discusión, el Presidente fue fiel a sí mismo y redobló la apuesta. “Día glorioso para el principio de revelación. Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)… Viva la libertad carajo”, publicó en Instagram, con la caricatura de un león bebiendo de un tazón con la leyenda “lágrimas de zurdos”.
