Una posible condena civil al Arzobispado de Mendoza por los abusos en el exinstituto religioso de Luján aceleró las negociaciones entre la Asociación Civil Obra San José y las víctimas.
Una presentación en la justicia civil en la cual el Arzobispado de Mendoza corría riesgo de ser condenado destrabó una indemnización para 17 víctimas de abuso en el ex instituto Próvolo.
La investigación canónica realizada por el vicario judicial Dante Simón encendió las alertas entre los distintos estamentos de la Iglesia, ya que advertía sobre una posible demanda en contra del Arzobispado local.
“Iban a condenar al Arzobispado por los hechos del Próvolo, una cuestión única. Por eso decidieron pagar”, explicaron fuentes con acceso a la causa.
La Asociación Civil Obra San José acordó pagos a 17 víctimas de los abusos sexuales consumados en el Próvolo, como resarcimiento por los delitos perpetrados en el ex instituto religioso de Luján de Cuyo, informaron este miércoles desde la querella.
“Los pagos corresponden al daño civil en concepto de indemnización y es un acuerdo de dinero entre las partes“, indicó el abogado defensor de las víctimas, Sergio Salinas. “Por respeto y seguridad a la intimidad” no se detallaron las cifras de los pagos, pero es “un número al dolor”, según lo definió el querellante.
El dinero utilizado “proviene de la asociación producto de la venta del inmueble del ex Próvolo, que compró la municipalidad de Luján de Cuyo y que se constituyó un fideicomiso para afrontar estos resarcimientos por procesos judiciales“, explicó.
Los juicios del Próvolo
La causa que investiga las responsabilidades por los abusos sexuales a menores de edad hipoacúsicos salieron a la luz en noviembre de 2016 y ya lleva tres procesos judiciales.
El primer juicio fue un abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el cual el monaguillo Jorge Bordón y exempleado administrativo en el Instituto confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.
Por este mismo caso, en un segundo juicio que marca precedente en el mundo, la justicia mendocina condenó el 25 de noviembre de 2019 a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez a 18 años, acusados por abusos sexuales y corrupción de menores.
En tanto, en este momento se desarrolla un tercer proceso en el que se enjuicia a la monja Kumiko Kosaka, por quien la fiscalía pidió 25 años de prisión, y su defensa la absolución. La religiosa está acusada de haber participado en vejámenes en el Instituto. Mientras
Mientras que otra causa que involucra a la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, entre otros directivos, por “omisión”, se espera que llegue pronto a juicio.
“Esta investigación llevó siete años. Esto comienza en noviembre de 2016, cuando una chica, que fue llamada como la testigo de identidad reservada número 1, realizó una denuncia con una lengua de señas muy precaria. Con los meses de investigación empezamos a notar que había una monja que era mala y con el tiempo nos dimos cuenta de que no era una monja mala en término de malicia, era una persona con indicadores de abuso sexual y que hacía propiamente ella los abusos“, explicó en una de las audiencias Salinas.
